Compras responsables en la empresa: guía e impacto 2026

El paquete Omnibus se publicó en el Diario Oficial de la UE el 16 de diciembre de 2025 y entra en vigor el 18 de marzo de 2026. Transforma los umbrales de aplicación: para permanecer en el perímetro obligatorio de la CSRD, una empresa debe ahora superar 1.000 empleados y 450 M€ de cifra de negocio neta. Los dos criterios, antes alternativos, se vuelven acumulativos. Resultado cifrado: alrededor del 80 % de las empresas inicialmente afectadas salen, y el perímetro europeo se contrae hasta unos 10.000 grupos^[1]. Las normas ESRS, por su parte, se aligeran en torno al 60 %.

La conclusión evidente, «menos restricción, por tanto menos compras sostenibles», olvida un punto decisivo. Las grandes empresas que siguen sometidas a la CSRD deben documentar su cadena de valor, en particular sus emisiones de Scope 3 y las prácticas sociales de sus proveedores. Para recoger esos datos entre las pymes que quedan fuera del perímetro, el EFRAG diseñó el VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs): un estándar voluntario, modular, que los grandes clientes pueden legítimamente pedir a sus subcontratistas^[2]. Dicho de otro modo: la obligación sube un piso. Ya no pesa directamente sobre el proveedor. Le llega por la voz de su cliente.

Antes de lanzarse sobre una hoja de cálculo de criterios, hace falta un marco. El más utilizado sigue siendo la ISO 20400:2017, directrices para las compras responsables construidas sobre la ISO 26000. Cubre las dimensiones ambientales, sociales, éticas y económicas de la compra, sirve a cualquier organización sea cual sea su tamaño y ayuda a la dirección a definir una política y una estrategia^[3]. Apunte de método a menudo ignorado: la ISO 20400 no es un sistema de gestión certificable como la ISO 9001 o la ISO 14001. En ella no se «certifica». Se alinea. Una empresa que anuncia una «certificación ISO 20400» actúa de forma deshonesta.

En la práctica, la ISO 20400 estructura el proceso en cuatro tiempos: los fundamentos (visión, política, ambición), la gobernanza y la estrategia (integración en los procesos de compra), la integración en la práctica (especificaciones, criterios de selección, ponderación) y, por último, la medición y la mejora (indicadores de rendimiento, revisión). Ese último bloque es el que vienen a equipar las herramientas: sin datos por proveedor, sin reporting consolidado, la política se queda en declaración. Para profundizar en la cadena de impacto de carbono asociada, nuestra guía práctica de los scopes 1, 2 y 3 completa el cuadro.

La compra responsable se traduce primero en cláusulas insertadas en los contratos. En los contratos públicos, el artículo 38 de la ordenanza de 2015 (y el artículo 62 del decreto) permite introducir cláusulas de ejecución de finalidad social: horas de inserción, contratación mediante empresas de inserción, empleo de colectivos alejados del mercado laboral^[4]. El sector privado se inspira ampliamente: esas cláusulas se transplantan sin dificultad a un marco contractual B2B.

Los dos mecanismos no se excluyen. La cláusula de ejecución impone un comportamiento durante el contrato. El criterio de adjudicación pondera la elección del proveedor aguas arriba. Un comprador serio combina ambos: puntúa el enfoque RSE en el momento de la licitación y luego asegura los compromisos con una cláusula de ejecución. El marco nacional fija ambiciones explícitas: el 100 % de los contratos públicos con una consideración ambiental, el 30 % con una consideración social^[4]. Son objetivos indicativos, pero dibujan el estándar esperado.

Una vez fijada la política, queda el problema del «¿cómo comparo dos proveedores?». La respuesta pasa por la puntuación RSE. Varios actores se han impuesto: EcoVadis entrega una nota sobre 100 comparada con la media sectorial, el label RFAR (Relations Fournisseurs et Achats Responsables), impulsado por el Médiateur des Entreprises del Ministerio de Economía francés, acredita la madurez de la función de compras^[5]. Lucie y B Corp cubren perímetros más amplios pero también se aplican a los proveedores. El buen reflejo no es imponer uno solo, sino fijar un umbral: «puntuación EcoVadis ≥ 45, o label equivalente».

La puntuación solo tiene valor si pesa en la decisión. El error clásico consiste en recoger notas y luego ignorarlas en favor del precio. Una matriz de ponderación explícita (por ejemplo 50 % precio, 20 % calidad, 20 % RSE, 10 % plazo) obliga a decidir sobre criterios declarados y no a instinto. Es también lo que convierte un enfoque RSE en palanca de compras responsables: pasa a ser un criterio de gestión, no una comunicación.

Existe un ángulo que pocos compradores explotan: el medio de pago en sí. Una tarjeta profesional no es neutra. Traza cada transacción, consolida los gastos por proveedor y, en el caso de la tarjeta Greenway con el programa 1%ForAll®, destina el 1 % de cada pago a la Fundación Greenway. El impacto se vuelve medible, ligado a un gasto real y no a una promesa. Es exactamente el cuarto eslabón del ciclo ISO 20400: la medición.

Este mecanismo interesa por partida doble a las direcciones de compras. Primero, porque convierte una función de soporte (el pago) en un sensor de impacto, sin procesos adicionales: el dato ya existe y alimenta el reporting. Después, porque responde a la presión descendente descrita más arriba: un gran cliente que pide un reporting VSME a su proveedor valora que este produzca un impacto documentado y no una declaración. Para conectar esta lógica con el marco global de cumplimiento y RSE, nuestro libro blanco RSE & CSRD sienta las bases.